Verificación de la guía
Qué verificamos en «El notario en Puerto Rico: quién es, qué hace y qué cobra»
Esta página es el registro de verificación de la guía. Cada afirmación con una regla, una cifra o una fecha aparece con la fuente oficial que la respalda, el lugar exacto dentro de esa fuente y el día en que la comprobamos. Si una regla cambia, actualizamos la guía, esta lista y la fecha.
22 afirmaciones comprobadas Verificado el 17 de octubre de 2026 8 fuentes oficiales
Afirmaciones y dónde las comprobamos
Las afirmaciones con reglas, cifras o fechas, con el lugar exacto de la fuente y la fecha en que las comprobamos.
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La Ley Notarial de Puerto Rico define al notario como el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe de los negocios jurídicos que ante él se realicen, y le asigna la función de recibir la voluntad de las partes y redactar las escrituras; solo pueden ejercer el notariado quienes ya estaban autorizados y los abogados admitidos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico autorice para ello; y su exposición de motivos aclara que en esa función el notario no es abogado de ninguno de los otorgantes, no representa a cliente alguno y representa a la fe pública.
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Por la Ley Notarial, el notario ejerce su función con imparcialidad y bajo la dirección administrativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico, por medio de la Oficina de Inspección de Notarías; y la exposición de motivos describe su doble función: profesional del derecho, asesor y consejero legal, y a la vez quien prepara los documentos de los negocios jurídicos.
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Por la Ley Notarial, antes de ejercer, el notario jura fidelidad a la Constitución de Estados Unidos y a la de Puerto Rico; debe tener vigente una fianza de no menos de $15,000 para responder por su desempeño, que se renueva cada año y aprueba el Tribunal Supremo; y registra su firma, signo, sello y rúbrica ante el Secretario del Tribunal Supremo.
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Por la Ley Notarial, el Secretario del Tribunal Supremo expide al notario una certificación con su nombre y número, la fecha en que el Tribunal Supremo lo autorizó a ejercer y el facsímil de su firma y sello, y el notario está obligado a exhibirla en una de las paredes de su oficina.
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Por la Ley Notarial, ningún notario puede autorizar un instrumento en el que sea parte o que contenga disposiciones a su favor, ni uno en el que un otorgante sea pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que comparezca en calidad representativa.
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Por la Ley Notarial, la escritura debe contener la fe del notario de conocer a los otorgantes o de haberse asegurado de su identidad, de su capacidad legal y de haberles leído la escritura o permitido que la leyeran; el notario hace de palabra las reservas y advertencias legales pertinentes; en toda escritura que transfiera un inmueble debe incluir la advertencia sobre la necesidad y conveniencia de obtener una certificación de deuda contributiva del CRIM; y debe incluir el número de catastro que el CRIM asignó al inmueble, o hacer constar que se desconoce.
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Por la Ley Notarial, cuando se traspasa un inmueble residencial el notario está obligado a asesorar y advertir al adquirente que, si piensa usarlo como residencia principal, debe solicitar la exoneración de la contribución sobre la propiedad inmueble según el Código Municipal, y debe hacer constar esa advertencia en la escritura.
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La Ley Notarial acepta como medio de identificación, cuando el notario no conoce personalmente al otorgante, un documento de identidad con retrato y firma expedido por las autoridades de Puerto Rico, de Estados Unidos o de un estado, o un pasaporte expedido por una autoridad extranjera.
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Por la Ley Notarial, para autorizar escrituras no hacen falta testigos instrumentales, salvo que los pida el notario o una de las partes, o que un otorgante no sepa o no pueda leer o firmar; si un otorgante no sabe o no puede leer, la escritura se lee dos veces en voz alta, una el notario y otra un testigo que el otorgante designe; y si no sabe o no puede firmar, el notario le pide las huellas de los dos pulgares.
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Por la Ley Notarial, el notario debe adherir y cancelar en cada escritura original que autorice, y en sus copias certificadas, los sellos de Rentas Internas, de la Sociedad para Asistencia Legal y de Impuesto Notarial; la escritura o la copia certificada sin los sellos correspondientes es anulable o ineficaz; y los notarios de Servicios Legales de Puerto Rico, de las clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho y de otras entidades sin fines de lucro certificadas no tienen que adherir esos sellos cuando autorizan escrituras de personas indigentes.
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Por la Ley Notarial, la escritura matriz es el original que redacta el notario y que firman los otorgantes y el notario; la copia certificada es el traslado literal, total o parcial, que expide el notario; además de los otorgantes, sus representantes y causahabientes tienen derecho a obtener copias; si el notario niega una copia se puede acudir al Director de la Oficina de Inspección de Notarías; y el Protocolo, la colección de escrituras del notario, es secreto y pertenece al Estado.
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Por la Ley Notarial, el testimonio o declaración de autenticidad es el documento con el que el notario da fe, sobre un documento que no es una escritura matriz, por ejemplo de la legitimación de las firmas que aparecen en él o de haber tomado un juramento; el notario no asume responsabilidad por el contenido del documento privado cuyas firmas legitima; y no puede autorizar testimonios de contratos de venta que adjudiquen porciones específicas de un inmueble cuya segregación no se haya aprobado antes.
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Por el arancel de la Ley Notarial, los honorarios por una escritura con valor de hasta $10,000 son de $150; con valor de más de $10,000 y hasta $5,000,000 se fijan por acuerdo, pero nunca son mayores de 1% ni menores de 0.50% del valor, y nunca menores de $250; en vivienda de nueva construcción y refinanciamientos con más de un instrumento ante el mismo notario, la suma no puede pasar de 1% del instrumento de mayor valor; en vivienda de interés social con la AFV u otra agencia, nunca menos de 0.25% o $250, lo que sea mayor, regla que no aplica a préstamos garantizados como FHA o de veteranos; y el notario puede cobrar aparte, con honorarios razonables, gestiones como estudios de título y consultas.
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Por el arancel de la Ley Notarial, los honorarios por instrumentos públicos sin cuantía se acuerdan, pero nunca son menores de $150; los de testimonios, declaraciones juradas y reconocimientos de firma se acuerdan entre las partes y el notario; los de cancelación de hipoteca nunca son menores de 0.50% del principal del pagaré que se cancela, ni de $250; ningún notario puede cobrar ni recibir otra compensación que la del arancel, ni dar reembolsos o descuentos para reducirla, aunque puede dar el servicio gratis cuando lo considere meritorio y no como práctica habitual de negocio; y la persona no autorizada como notario que facture, cobre o comparta honorarios notariales comete delito grave.
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Por la Ley Notarial, el Tribunal Supremo, después de dar al notario oportunidad de defenderse, puede corregirlo con una reprimenda, una multa de hasta $500 o la suspensión temporal o permanente por cualquier infracción a la ley o a otra ley relacionada con el notariado.
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Por la Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario, el notario puede tramitar, entre otros, la declaratoria de herederos y la adveración y protocolización de un testamento ológrafo; esa competencia la puede ejercer cualquier persona admitida por el Tribunal Supremo al ejercicio de la abogacía y la notaría; es concurrente con la de los tribunales, y quien pide el trámite escoge si lo presenta ante el notario o ante el tribunal; el notario cesa si surge controversia u oposición entre quienes tienen interés legítimo; y los honorarios se pactan por escrito.
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Según el Poder Judicial, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) fiscaliza y orienta a los notarios y atiende al público que visita sus oficinas; su oficina en el Centro Judicial de San Juan publica el teléfono (787) 763-8816; y cada certificación del Registro General de Competencias Notariales, como la de constancia o la negativa de testamento, cuesta $5.00 en derechos.
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Según el Poder Judicial, en el Directorio de Abogados y Abogadas cualquier persona puede ver los nombres y la información de contacto de las personas admitidas a ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico; el servicio es gratis y está disponible en todo momento; se nutre del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA); y si no aparece un dato, es que el abogado no autorizó que se publicara.
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La fiscalía general de California explica que en muchos países de habla hispana los notarios son abogados con credenciales legales especiales, pero en Estados Unidos los notarios públicos son personas autorizadas por los gobiernos estatales para ser testigos de la firma de documentos importantes y no necesariamente están autorizados para dar servicios legales; y que un notario público no está autorizado para dar ningún servicio legal relacionado con inmigración.
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Por la ley de Florida, un notario público que no es abogado y anuncia sus servicios en un idioma que no es el inglés debe incluir un aviso que diga que no es abogado con licencia en Florida y que no puede dar consejo legal ni cobrar por él.
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La Legal Services Corporation (LSC) lista como organizaciones que financia en Puerto Rico a Community Law Office, Inc. y a Puerto Rico Legal Services, Inc.
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Según la LSC, es una organización independiente sin fines de lucro creada por el Congreso en 1974 para financiar la asistencia legal civil para personas de bajos ingresos, financia organizaciones en todos los estados, el Distrito de Columbia y los territorios, y en su sitio se escribe una dirección o una ciudad para encontrar la organización financiada por LSC más cercana.
Fuentes
Cada fuente, en una línea: quién la publica, su título, su dirección y la fecha en que la consultamos.
- 1. Gobierno de Puerto Rico, Oficina de Gerencia y Presupuesto (Biblioteca Virtual) · Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada) · bvirtualogp.pr.gov · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 2. Gobierno de Puerto Rico, Oficina de Gerencia y Presupuesto (Biblioteca Virtual) · Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario (Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, según enmendada) · bvirtualogp.pr.gov · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 3. Poder Judicial de Puerto Rico · Oficina de Inspección de Notarías · poderjudicial.pr · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 4. Poder Judicial de Puerto Rico (Tribunal Electrónico) · Directorio de Abogados y Abogadas · tribunalelectronico.poderjudicial.pr · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 5. Fiscalía General de California (California Department of Justice) · Attorney General Bonta Issues Consumer Alert on Notario Fraud, Obtaining Immigration Legal Help, Locating Detained People · oag.ca.gov · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 6. Legislatura de Florida · Florida Statutes §117.05, Use of notary commission; unlawful use; notary fee; seal; duties; advertising · leg.state.fl.us · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 7. Legal Services Corporation (LSC) · Our Grantees · lsc.gov · Consultado el 17 de octubre de 2026
- 8. Legal Services Corporation (LSC) · I Need Legal Help · lsc.gov · Consultado el 17 de octubre de 2026